
El jefe del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, afirmó que Chile no incentivará nuevos flujos migratorios ni modificará su política fronteriza frente a crisis en otros países de la región. Estas declaraciones surgen en un contexto de posibles oleadas migratorias tras las investiduras de Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en Estados Unidos.
Thayer destacó la importancia de integrar a los migrantes ya presentes en el país y resolver problemas de regularización e integración antes de abrir nuevas puertas. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, los ingresos irregulares disminuyeron un 37% en 2024 respecto a 2023 y un 48% frente a 2022, resultados que el gobierno atribuye a un aumento en los controles fronterizos.
Con cerca de 1,6 millones de migrantes viviendo en Chile, de los cuales el 6,6% se encuentra en situación irregular, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de iniciar un proceso de regularización limitado para aproximadamente 180.000 personas empadronadas en 2023 con arraigo laboral o familiar. Este proceso sería distinto a los anteriores, con requisitos más estrictos.
Thayer también destacó avances en cooperación migratoria con Bolivia, tras un acuerdo histórico firmado en diciembre para facilitar el retorno de ciudadanos y migrantes de terceros países. Este acuerdo destrabó el impedimento de reconducción, marcando un progreso significativo en la relación bilateral.
En cuanto a expulsiones, Thayer señaló que 2024 marcó un récord de expulsiones administrativas desde 2018, con 683 casos procesados bajo esta modalidad. Pese a esto, descartó un endurecimiento de la política migratoria, argumentando que se están implementando medidas prometidas por el presidente Gabriel Boric, como el fortalecimiento del control fronterizo y la reducción de la migración irregular.
El gobierno también impulsó en 2023 un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por delitos relacionados con la convivencia, aumentar los requisitos para la nacionalidad chilena y castigar el tráfico de personas. La iniciativa, que aún se tramita en el Parlamento, espera ser aprobada en el primer trimestre de 2025, según Thayer, quien destacó su importancia para prevenir conflictos entre nacionales y extranjeros y dotar a los gobiernos locales de herramientas para gestionarlos.
La inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, algo que el gobierno busca abordar con un enfoque equilibrado entre derechos humanos, seguridad y convivencia.